“No puedo entregar algo que no es de la Gobernación…
y mucho menos destruirlo”: gobernador Joaco Berrío
Si lo hago voy a la cárcel.
La imposibilidad de distribuir los mercados y medicamentos que hacen parte de una dudosa compra realizada por la administración anterior y que nunca llegaron al departamento, no obedece a un capricho mío, sino a hechos reales investigados por los organismos de control y soportados en conceptos de las oficinas jurídicas de la Presidencia de la República, de la Gobernación de Bolívar y de asesores externos.

Esos mercados no fueron recibidos por la Gobernación, por ende no pertenecen a la Administración y por esa misma razón nunca pude distribuirlos. Qué más hubiera querido yo que llevarles alimentos, medicinas y elementos de aseo a tantas familias damnificadas por el invierno; pero no pude hacerlo, porque, insisto, esos mercados nunca han sido de la Gobernación. Es más, reposan en almacenes privados que nada tienen que ver con la administración departamental.

Pero el pueblo de Bolívar debe estar tranquilo porque ante la emergencia del año pasado no nos quedamos de brazos cruzados y gestionamos todas las ayudas que fueron necesarias para atender a los damnificados, sin que al departamento le costara un peso. Ningún damnificado quedó sin atención.

Nunca podría, con el argumento fuerte y doloroso de que hay más de 350.000 personas con hambre en Cartagena y Bolívar, sacar unos mercados de un almacén particular, llámese Éxito, Carulla, Olímpica o una bodega en el barrio El Bosque, como en este caso, para entregarlos a esa población necesitada. Eso sería actuar por encima de la Constitución y las leyes.
Se trata de hechos evidentes que no me dejaron ningún margen de acción y el tema es tan claro que tanto los abogados de la Secretaría Jurídica de la Presidencia como mis asesores me advirtieron que distribuir o pagar esos mercados era poner un pie en la cárcel.

Las inconsistencias jurídicas

Según se desprende de los rigurosos estudios realizados por la Secretaría Jurídica y asesores externos de la Gobernación y que siempre estuvieron animados por el deseo sincero de encontrar una salida legal, son tan protuberantes y escandalosas las irregularidades de ese pretendido acto administrativo, que el pago y distribución de dichos productos haría a la actual administración cómplice del mismo, con las graves consecuencias que ello conllevaría para mi, en mi condición de Gobernador.

En procura de una fácil comprensión por la opinión pública, tales impedimentos de Ley, se resumen así:

El código Penal, en su artículo 410, establece que los servidores públicos, como el Gobernador, que tramiten, celebren o LIQUIDEN contratos sin la observancia de los requisitos legales, como en el caso analizado, cometen el delito de “celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales”, que tiene pena de prisión de cuatro a doce años.

Es claro entonces que el hecho de encontrar los contratos mencionados incursos en presuntas irregularidades, me impedía su ejecución y liquidación, pues de haberlo hecho, terminaría preso, como me dijeron mis asesores.

Por ello, el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Doctor Edmundo Del Castillo Restrepo, en oficio 08-00123968/AUB13200 del 6 de octubre de 2008, recomendó a este servidor presentar las denuncias del caso ante los funcionarios competentes penales, disciplinarios y fiscales, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de los citados contratos.

Igualmente, nos recomendó que, en caso de no poder liquidar los contratos, como en efecto sucedió, solicitáramos su liquidación judicial, que es lo que hemos hecho.

Independientemente del significado humanitario y moral de exponer a los alimentos y medicamentos a un deterioro irreversible, la Gobernación de Bolívar ha luchado resueltamente por librar al Departamento de un posible fraude colosal que pretende arrebatarle alrededor de 4 mil millones de pesos que no tiene y que, en el evento improbable de tener que pagar, le propinaría un golpe gravísimo a nuestros programas en salud, educación, vías, saneamiento básico y desarrollo, ellos sí destinados a mejorar el estado de cientos de miles de bolivarenses históricamente ignorados y abandonados.

Se está asaltando la buena fe de eminentes periodistas de nuestra Nación e, irresponsablemente,
se ha manipulado la sensibilidad de la opinión pública, cuando con la máscara del bien común, se esconde la intención de perpetrar un daño descarado a las finanzas de Bolívar, de la mano de la más infame de las tretas, como es pretender que el Departamento compre productos por casi el doble de su valor real y que, como lo demuestran los hechos, han sido mañosamente “entregados”, entrando y embodegándose con base en registros que brincan de fecha en fecha sin ninguna coherencia, como se desprende de los siguientes hechos:

Los detalles

La Gobernación de Bolívar decretó la urgencia manifiesta el 13 de diciembre de 2007, y pese a que esa medida sólo autorizaba a contratar la compra de 3.500 paquetes de ayudas, por menos de 800 millones de pesos, suscribió siete contratos (380, 381, 382, 383, 384, 385, y 386), para la adquisición de 14.000 paquetes de medicamentos, víveres y elementos de aseo, por valor cercano a los $4.000 millones, lo que podría constituirse en la génesis de un presunto dolo.

Los contratos fueron suscritos con cooperativas y fundaciones sin experiencia, sin licencia para el manejo de medicamentos y con capital social cero, a pesar de que en Cartagena existen cientos de empresas idóneas para esos efectos.

La interventora de los contratos, Betty Mercado, funcionaria de la Secretaría de Salud, certificó el 27 de diciembre de 2007 que los contratos (celebrados ese mismo día) habían cumplido a cabalidad con su objeto. Este hecho es tan llamativo que la funcionaria pudo contar en pocas horas los 14 mil mercados, mientras que tres meses más tarde varios funcionarios de la Contraloría Departamental tuvieron que emplear dos semanas en el mismo conteo en una bodega privada.

Es más, el 31 de diciembre, cuatro días después de la firma de los contratos de marras, la misma funcionaria firmó un acta donde supuestamente certifica la entrada de los mercados y el 30 de diciembre aparece un acta de salida de las ayudas. Es decir, los mercados salieron antes de entrar. ¿Cómo se explica ésto?

Aún peor se torna el asunto cuando, al revisar el software del equipo de cómputo en el que se redactó la supuesta certificación de salida con fecha 30 de diciembre, se detectó que tal comunicación se elaboró el 27 de marzo de 2008, fecha que coincide con la visita de la entonces Procuradora Regional, Amada Ojeda, a las oficinas de la Secretaría de Salud.

Estas situaciones propiciaron la solicitud de investigación por parte de la actual administración en contra de la funcionaria de la Secretaría de Salud, razón por la cual se cursa proceso en la Fiscalía.

Son tantas las irregularidades, que el contrato 383 para el suministro de drogas se ejecutó en julio de 2007 pese a que legalmente se celebró en noviembre de ese mismo año. ¿Cómo se entiende que un contrato se haya ejecutado cuatro meses antes ser firmado?

Otro hecho es que, como por arte de magia, en junio de 2008, luego de que la interventoría manifestara que no conocía ninguna documentación que modificara esos contratos, aparecen cartas entre el ex gobernador Simancas y su Secretario de Salud, Walter Jiménez, en donde a fecha 24 de diciembre de 2007, se intenta justificar el no ingreso de las mercancías a la bodega de la Secretaría de Salud. Lo inexplicable es que los contratos sólo se firmarían tres días después. ¿Cómo es posible que aparezca un cruce de cartas sobre la ejecución de unos contratos que ni siquiera estaban firmados?

Como si fuera poco, se contrató por $250 millones el transporte y distribución de estos alimentos y medicamentos, cuando históricamente tales servicios son prestados gratuitamente por la Cruz Roja Colombiana y la Defensa Civil, entidades que cuentan con toda la experiencia del caso y manejan los censos de población damnificada.

Dadas estas inconsistencias, para la actual administración departamental es claro que a pesar de que en los contratos se estableció que el lugar de entrega de las mercancías sería las bodegas de la Secretaría de Salud, en este sitio jamás fueron entregados los mercados, pese a que estas tienen la capacidad suficiente para almacenarlos.

Un nuevo capítulo

Sobre este particular, se han conocido dos providencias del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, cuya titular, Elsy Rodríguez Usta, debió declararse impedida, porque fue Secretaria Jurídica del ex gobernador Simancas. Esta relación de subordinación jerárquica revela el citado impedimento.

En un primer auto, ante una solicitud de un ciudadano que mediante acción popular pedía que se ordenara a la Gobernación abstenerse de liquidar, pagar y ejecutar los contratos, buscando la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa; la Juez, en una eventual arbitrariedad y por su cuenta y riesgo, dispuso lo contrario, pues ordenó entregar y pagar los mercados.

En otro auto más reciente, la Juez, ex funcionaria del ex gobernador Simancas, pide que se incineren los mercados vencidos, con costas que debe asumir la actual administración.

Sobre este tema, debo ser tajante en que no podría esta administración invertir recursos del Estado en incinerar unos mercados que no son suyos.

Un dato adicional: la almacenista que certificó el dudoso recibo de los mercados tiene una relación de parentesco con el Gobernador anterior, como quiera que es su sobrina política, lo que probablemente pudiere comprometer aún más la veracidad y autenticidad de documentos claramente inconsistentes.

Independientemente de los escandalosos episodios aquí expuestos, prima mi indeclinable voluntad de cortar de tajo las prácticas inescrupulosas que en el pasado eran comunes y que constituían un frecuente saqueo a las expectativas de una población abandonada.

Fácil hubiera sido distribuir los mercados y pagar los 4.000 millones de pesos, evitando así las eventuales consecuencias para mi seguridad personal; pero luego, por supuesto, ir a la cárcel y claudicar en mis principios.

La Gobernación de Bolívar seguirá siendo fiel a su postulado fundamental:

Juntos, Salvemos todos a Bolívar… del permisivismo, la complicidad y la tolerancia ante la falta de escrúpulos a la hora de atentar contra las esperanzas y expectativas de nuestro Pueblo.


JOACO HERNANDO BERRÍO VILLARREAL
Gobernador de Bolívar

Unidad de Prensa y Comunicaciones – Gobernación de Bolívar – 17/03/09

Invitación a alcaldes para ampliar cobertura energética en municipios de Bolívar
La invitación se hace extensiva a todos los mandatarios dando cumplimiento a la función de coordinación y apoyo a la gestión municipal de la Secretaría departamental de Minas y Energía
Con el propósito de elevar la calidad de vida de comunidades vulnerables o de difícil acceso, la Secretaría de Minas y Energía exhortó a los alcaldes municipales de Bolívar a presentar de manera formal los requerimientos de cobertura y ampliación del servicio de electricidad en los centros poblados bajo su dirección.
Así lo dio a conocer Léster Concepción Romero Mercado, secretaria departamental de Minas y Energía, a través de una convocatoria a los diferentes mandatarios municipales, con el fin de que oportunamente se completen los requisitos indispensables, para que las poblaciones bolivarenses se beneficien con los planes de expansión del servicio de energía eléctrica del operador de red (Electricaribe).
"Estos requerimientos deben ser reportados y enviados directamente por el alcalde municipal, quien es el responsable de la validez y veracidad de la información y el plazo de entrega es antes del 30 de marzo", puntualizó la funcionaria seccional.
Las solicitudes deben ser presentadas en formato de “Recolección de Información”, que es diseñado y elaborado por las Unidades de Planeación Minero - Energética (UPME), adoptadas mediante resolución No 0166 del 17 de febrero de 2009, entidad que la enviará al operador de red respectivo.
Las mismas deben ser enviadas a info@upme.gov.co, indicando el número de usuarios de los centros poblados que actualmente están sin servicio de electricidad.
Los municipios para poder clasificar o acceder a la cobertura deben estar georreferenciados, de acuerdo con el Sistema de Coordenadas Geográficas Magna Sirgas, quienes por intermedio de un GPS, identificador de posicionamiento, valoran la latitud y la longitud del centro o comunidad que se intervenga.
Romero Mercado manifestó la importancia de adelantar y concretar este proyecto en cooperación con el Ministerio de Minas y Energía; porque permite implementar el aumento de la cobertura eléctrica en las comunidades y dignifica la calidad de vida de zonas vulnerables del departamento.
"Es menester realizarlo, porque bajo los criterios de trabajar mancomunadamente en favor de las comunidades, el gobernador Berrío ha sostenido siempre velar por el mejoramiento de oportunidades en municipios, corregimientos y veredas de difícil acceso en Bolívar", sostuvo la funcionaria.
Contacto Periodístico: Giovanni José Villamizar Vega – Cels: 3165859152 – 312 6258163
Unidad de Prensa y Comunicaciones Gobernación de Bolívar - 17/03/09

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
“Estimados bolivarenses, respecto de las informaciones de prensa en las cuales se refiere que el señor Fiscal General de la Nación ha tomado la decisión de llamarme a diligencia de versión libre, debo referir que eso fue lo que yo solicité desde finales del año anterior, cuando comenzaron a circular rumores que trataban de relacionarme con el hoy investigado Grupo DMG.
Considero que esta diligencia será la oportunidad perfecta para que la justicia pueda aclarar y desmentir todas aquellas calumnias que se han querido construir alrededor de mi nombre por parte de mis opositores políticos y así poder continuar trabajando por la comunidad que masivamente depositó su confianza en mí, para que los rescatara de décadas de manejos politiqueros e inescrupulosos.
Como siempre he sostenido, los bolivarenses deben estar completamente tranquilos de que su Gobernador es un hombre honesto que no tiene, ni tuvo, absolutamente nada que ver con el Grupo DMG. Quiero insistirle a mi comunidad que dejemos que sea la justicia la que establezca quién está detrás de estas infamias y que, mientras tanto, no perdamos de vista los temas realmente importantes y por los que Ustedes me eligieron como su Gobernador, ya que toda mi energía está concentrada en seguir adelantando a cabalidad mi mandato popular, mientras que mis abogados atienden mi defensa jurídica". JOACO BERRÍO VILLARREALGobernador de Bolívar Cartagena de Indias, 12 de marzo de 2009

LUIS FERNANDO OCAMPO/Prensa – Gobernación de Bolívar
REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES productoras de cacao y caucho del sur de Bolívar mostraron su experiencia exitosa. En la gráfica, José Félix Montoya Soto, director del programa ADAM – USAID, explica las características de los proyectos.

En reunión de presentación de avances agropecuarios en el sur de Bolívar
Buscan fortalecer cultivos agrícolas alternativos en los Montes de María

La experiencia exitosa en el cultivo de productos nuevos como el cacao y el caucho en el sur del departamento será aprovechada para aplicar modelos similares en los Montes de María y el norte de Bolívar, con el fin de fortalecer la alternatividad agrícola en estas regiones.

En el marco de la presentación de los avances del programa “Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal” (ADAM), para el Magdalena Medio bolivarense, celebrada este miércoles en Cartagena, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar, Enrique Núñez Díaz, destacó la recuperación de grandes extensiones de cultivos en el sur del departamento a partir de cultivos nuevos, lo que se convirtió en un programa modelo que hoy es digno de replicar.

“La idea es recoger las experiencias de estas instituciones cultivadoras de cacao y caucho natural en el sur del departamento, para implementarlas en otros municipios, especialmente en los Montes de María”, explicó el funcionario.

Añadió que estos cultivos han resultado promisorios sobre todo por que en la parte norte de Bolívar se ha venido desarrollando el cordón cacaotero de la región y a través de las experiencias, fortalezas y dificultades de estas organizaciones sureñas, se podrá valorar realmente qué podría faltar para continuar el fortalecimiento agropecuario en el departamento.

Por su parte, José Félix Montoya Soto, director del programa ADAM, en convenio con la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, manifestó que esta organización, beneficia a países latinoamericanos, con base en el planteamiento de proyectos viables y a la consecución de recursos.

Sobre el apoyo de la Gobernación de Bolívar a estos proyectos, Montoya Soto dijo que entre mayor sea la presencia institucional del ente territorial, mejor serán los resultados.

“La importancia de trabajar de manera articulada o en cooperación con estas organizaciones internacionales, está en el impulso económico y social que adoptan las comunidades”, explicó Montoya.

El secretario de Agricultura, Enrique Núñez Díaz, ponderó la utilización y el aprovechamiento de 2.500 hectáreas de cacao en el cono sur de Bolívar, así como la gestión para el renacer de cultivos de caucho, como producto líder, palma de aceite y, de manera sorprendente, la producción de un café tipo exportación.

“Para los próximos días, viajaremos a El Carmen de Bolívar y Marialabaja para viabilizar como cultivo alternativo el caucho y colocar en funcionamiento en esos municipios fortalezas, progresos y avances de los programas agropecuarios implementados en el sur del departamento, por eso nos llevaremos a expertos en el tema”, aseveró Núñez Díaz.

Gobernación pide aplicar
decretos de orden público

Secretario del Interior, Orlando Periñán, dijo que en 15 ó 20 días se evaluarán resultados de las medidas adoptadas.

Un llamado cordial a las autoridades civiles, policivas y militares de Bolívar para que comiencen a aplicar el decreto que restringe la circulación de motocicletas con parrilleros en todo el departamento a partir de las 8:00 de la noche, hizo el secretario del Interior de Bolívar, Orlando Periñán Flórez.

Dijo que la decisión del Gobierno Departamental es cerrarle el paso a los violentos y para ello se les entregaron las herramientas a las autoridades locales.

El decreto 115 del 6 de marzo de 2009, firmado por el gobernador de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal, y el secretario del Interior, Orlando Periñán Flórez, ordena a las autoridades Distrital y municipales para que dentro del término de 24 horas profieran los actos administrativos mediante los cuales se ejecuten las siguientes medidas:

1. “Restrínjase la circulación de motocicletas con parrilleros en el horario comprendido entre las veinte horas del día (8:00 de la noche), hasta las cinco horas del día siguiente”

2. “Restrínjase la circulación de motocicletas de más de 80 c.c., en el territorio departamental durante el horario comprendido entre las veinte horas del día (8:00 de la noche), hasta las cinco horas del día siguiente”.

Medidas necesarias y pertinentes

Según el secretario Orlando Periñán, es bueno aclararle a la opinión pública que estas no son medidas que el Gobernador toma de manera autónoma o unilateral.

“Estas son las recomendaciones que ha hecho la Policía Nacional, la Armada, el DAS, la Procuraduría Provincial, la Procuraduría Regional de Bolívar, la Fiscalía, es decir, estas entidades que hacen parte del Consejo de Seguridad consideraron que estas eran unas medidas necesarias, pertinentes y que debían tomarse de manera inmediata, ante la grave situación de la ciudad de Cartagena y del departamento de Bolívar”, precisó Periñán.

El funcionario explicó que hasta el momento el reporte que ha tenido es que los alcaldes han acogido las medidas y están expidiendo los actos administrativos para su aplicación.

“En la ciudad de Cartagena, agradecemos la comprensión de la Alcaldesa, toda vez que se trata de un decreto de orden público que responde a hechos concretos, como son los homicidios de manos de sicarios motorizados”, explicó el Secretario del Interior.

La prohibición de la circulación de motocicletas con parrilleros a partir de las ocho de la noche y de motocicletas de alto cilindraje a partir de la misma hora, se suma a la prohibición del porte de armas en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba como medidas especiales para controlar el orden público en la región.

Las medidas adoptadas mediante los decretos 106 y 115 de 2009, serán evaluadas en 15 ó 20 días en Consejo Departamental de Seguridad y con base en los resultados se procederá de acuerdo a las recomendaciones que de allí salgan.

Contacto periodístico: Éver Palomo Llorente – Cel: 317 3585299
Unidad de Prensa y Comunicaciones - Gobernación de Bolívar - 09/03/09

LUIS FERNANDO OCAMPO/Prensa - Gobernación de BolívarASPECTO DEL CONSEJO Departamental de Estupefacientes en el que se exhortó a los alcaldes para que inicien cuanto antes campañas para que los comerciantes y transportadores de sustancias químicos conozcan los alcances de la resolución 019 de 2008. En la gráfica, toma la palabra el asesor de la DNE para Bolívar, Felipe Andrés Pérez.

Restringen comercio de precursores químicos

Estaciones de gasolina, ferreterías y otros negocios deberán diligenciar un permiso ante la Dirección Nacional de Estupefacientes para vender combustibles, cemento gris y urea, entre otros insumos para el procesamiento de drogas.
Nuevas medidas para frenar los altos índices de producción y consumo de drogas alucinógenas, anunció la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), tras la entrada en vigor de la resolución 019 de octubre pasado, que restringe el transporte, la distribución y el consumo de precursores químicos.

El anuncio lo hizo la subdirectora de Estupefacientes, Amparo Lucía Vega, durante el consejo departamental del ramo, celebrado en la Gobernación de Bolívar, con la presencia de varios alcaldes municipales, autoridades seccionales, el secretario de Salud de Bolívar y los secretarios del Interior del Departamento y el Distrito.

En efecto, a partir del 28 de julio de este año, todos los transportadores, distribuidores o compradores de grandes cantidades de sustancias sometidas a control de las autoridades, deberán presentar un certificado de carencias de informes por narcotráfico, expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Este certificado da cuenta de que el negocio o la persona dispone de estas sustancias para una actividad comercial, de trasporte, productiva o de construcción y no tiene antecedentes con actividades relacionadas con narcotráfico.

El certificado puede ser solicitado ante la DNE, a través de la página web http://www.dne.gov.co/, donde se ilustra sobre los documentos necesarios, entre los cuales se cuentan las autorizaciones de las entidades respectivas para operar o comercializar la sustancia, el permiso de la Alcaldía, el registro de cámara de comercio y la cédula de ciudadanía del representante legal.

En caso de proyectos de construcción, se requerirán también los permisos expedidos por las curadurías o las secretarías locales de Planeación o Gobierno.

Las sustancias cobijadas por esta medida son acpm, gasolina, queroseno (petróleo), soda cáustica, cemento gris, cal, urea, bicarbonato de sodio, sulfato de amonio, carbono activado, cloruro de calcio, cloruro de potasio, metabisulfito de sodio, acetato de N-propilo y acetato de isobutilo.

La subdirectora nacional de Estupefacientes, Amparo Lucía Vega, explicó que, por ejemplo, para el caso de cemento gris y urea, el certificado será necesario para el manejo diario de 100 kilogramos o más, en tanto que para el uso de combustibles líquidos la exigencia se hará a partir de 55 galones diarios.

La fecha límite para diligenciar el certificado es el próximo 28 de abril, día a partir del cual la DNE dispondrá de tres meses para expedirlo y de inmediato iniciará la aplicación de la medida, con la colaboración de la Fuerza Pública.

Es decir que a partir del 29 de abril próximo, la Policía y demás autoridades iniciarán las inspecciones respectivas. Desde esa fecha, las personas o negocios que posean grandes cantidades de estas sustancias y no tengan el certificado de carencias de informes por narcotráfico o la constancia de haber iniciado el trámite, serán objeto de la incautación del material y la posterior judicialización.

La señora Vega expresó que con esta medida se unifica la reglamentación para la venta, compra, consumo, distribución, almacenamiento y transporte de sustancias sometidas a control especial.

Durante el consejo departamental de Estupefacientes, los funcionarios de la DNE y el secretario del Interior de Bolívar, Orlando Periñán Flórez, pidieron a los alcaldes asistentes iniciar una campaña pedagógica para socializar los alcances de la medida con los propietarios y administradores de establecimientos que operen estas sustancias.

En la reunión participaron el Comandante (e) de la Policía en Bolívar, Coronel Jairo Javier Jattin; el secretario de Salud de Bolívar, Víctor Romero; los secretarios del Interior del departamento y el distrito, Orlando Periñán y Sindis Meza; el asesor de la DNE para Bolívar, Felipe Pérez; la coordinadora seccional de Estupefacientes, Olga Ariza; el procurador regional agrario, Ricardo Valdivieso; el director regional del ICBF, Jorge Redondo y el jefe de Antinarcóticos de Cartagena, Teniente Coronel Vladimir Materón.

También estuvieron los alcaldes de San Juan Nepomuceno, Roberto Guardela; Cicuco, Rolando Correa; San Cristóbal, Adalberto Castilla; San Estanislao de Kotzka, Jaime Roa, Villanueva, Jorge Luis Mendoza; Zambrano, Eduardo Lora y delegados de las alcaldías de Norosí, Mahates, Marialabaja y Arjona; así como funcionarios de la Dirección Seccional de Fiscalías y de la Fundación Niños de Papel.
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Contacto periodístico: Milton Cabrera Fernández – Cels.: 314 5922492 – 300 8118679
Unidad de Prensa y Comunicaciones - Gobernación de Bolívar - 06/03/09

José Santiago Carrasquilla, Secretario de Obras Públicas en propiedad

Este ingeniero había sido encargado tras la renuncia de Marcela Zea.

El gobernador de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal; nombró en propiedad como secretario de Obras Públicas del departamento al ingeniero cartagenero José Santiago Carrasquilla Sotomayor, quien desde enero venía atendiendo esta cartera en condición de encargado tras la renuncia pasado de la anterior secretaria, Marcela Zea.

Carrasquilla es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena y tiene catorce años vinculado a la secretaría que hoy lidera, durante los cuales ha acumulado una importante experiencia en construcción e interventoría de obras civiles en el departamento.

Entre sus metas están sacar adelante el plan vial del departamento, responder con oportunidad a las necesidades de obras de contención de inundaciones, gestionar recursos para obras civiles que mejoren las condiciones de movilidad en la provincia, mejorar la planta física de establecimientos departamentales y propiciar un ejercicio permanente de control sobre cada una de las obras, a fin de asegura la inversión adecuada de los recursos.

Unidad de Prensa y Comunicaciones - Gobernación de Bolívar - 05/03/09