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Condenada Juez Séptima Laboral por prevaricato en caso "Santamaría"

La sentencia del Tribunal Superior de Cartagena responde a denuncias de la Gobernación de Bolívar por el embargo a cuentas inembargables del departamento.

La pena contempla también una multa por 62.5 salarios mínimos y concede el beneficio de casa por cárcel.

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena resolvió condenar a la Jueza Séptima Laboral de esta capital, Carmen del Rosario Hernández Herrera, a la pena de 51 meses de prisión, multa de 62.5 salarios mínimos legales vigentes y prohibición para ejercer funciones públicas en el mismo lapso, tras encontrarla responsable del delito de prevaricato por acción, en el polémico caso de las demandas de pensionados de la Gobernación de Bolívar, interpuestas en cabeza del abogado Julio Santamaría.

En la sentencia, cuyo ponente es el Magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, el Tribunal niega a la Jueza Hernández Herrera la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional, al tiempo que concede la prisión domiciliaria previa caución prendaria por valor de diez salarios mínimos legales vigentes.

El tribunal eximió a la Jueza del pago de perjuicios solicitado por la Gobernación de Bolívar.

Contra la sentencia del Tribunal Superior del Circuito de Bolívar procede el recurso ordinario de apelación.

Además del magistrado Malo Fernández, ponente de la sentencia, la misma lleva las firmas de los magistrados Moraima Beatriz Caballero de Nieves y Taylor Ivaldi Londoño Herrera, y el secretario Leonardo de Jesús Larios Navarro.

El caso
Explica el Tribunal que el prevaricato por acción se concretó cuando la Jueza aplicó una excepción de inconstitucionalidad totalmente improcedente como fundamento para ordenar el embargo de cuentas de la Gobernación, pues el ente territorial se encuentra bajo el amparo de una reestructuración de pasivos mediante ley 550 de 1999.

En efecto, en su artículo 58-13, la ley 550 impone la suspensión de pleno derecho de los procesos de ejecución, la inadmisión de nuevas demandas y el levantamiento de medidas cautelares adelantados en contra de las entidades sometidas al proceso de reestructuración financiera reglado por esa disposición de 1999.

Según la sentencia, con esta actuación Hernández Herrera profirió decisiones manifiestamente contrarias a la ley, violentando el ordenamiento jurídico y contrariando los principios de la administración de justicia en beneficio de intereses particulares.

Las actuaciones de la Jueza habían sido denunciadas por el ex gobernador Libardo Simancas y por el actual gobernador Joaco Berrío Villarreal, quien, incluso, había presentado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena una acción de tutela por los mismos hechos.

El fin de la acción era la defensa del derecho al debido proceso que, a juicio del equipo jurídico de la Administración Departamental, fue vulnerado en el expediente número 2001-167, promovido por el señor Julio Santamaría, en representación de la Asociación de Pensionados de Bolívar.

En este proceso, la Juez Hernández Herrera decretó un embargo sobre el impuesto departamental a la cerveza por el valor de $1.500 millones mensuales, cuyo cobro a la fecha ha acumulado un total que supera los $89 mil millones.

"Es un pecado"
Al referirse a la sentencia, el Gobernador de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal, dijo que celebra que se haya hecho justicia con un departamento que requiere de esos recursos.

"Es un pecado quitarle al departamento recursos que necesitamos para comunidades urgidas de inversión social", expresó.

Contacto periodístico: Milton Cabrera Fernández – Cels.: 300 8118679 – 314 5922492Unidad de Prensa y Comunicaciones – Gobernación de Bolívar – 19/11/2008