martes, 19 de mayo de 2009

El Gobernador Berrío expone sus argumentos
Razones para establecer controles al manejo de la Estampilla Universidad de Cartagena

El gobernador de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal, informa a la opinión pública y de manera especial a la comunidad académica, estudiantil y de trabajadores de la Universidad de Cartagena que:

Desde el primero de enero de 2008, cuando inició sus actividades como Gobernador, Presidente del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena y Presidente de la Junta Administradora Especial de la Estampilla Universidad de Cartagena Siempre a la Altura de los Tiempos, ha reconocido la importancia de la educación como factor generador de desarrollo. En virtud de ello, reconoce y respeta la autonomía universitaria, tal y como lo establece la Ley.
Nunca ha sido interés de esta administración violar la autonomía universitaria, antes por el contrario, lo que se busca es reforzar los mecanismos de control de los recursos de la comunidad universitaria.
La motivación de los decretos 222 y 237 de 2008 está centrada en fortalecer los mecanismos de administración, ejecución y control de los recursos provenientes de la estampilla, y no a interferir en el manejo de la Universidad de Cartagena.
La Estampilla Universidad de Cartagena Siempre a la Altura de los Tiempos es una renta departamental con destinación específica para la Universidad y el Gobernador de Bolívar es el responsable de las rentas departamentales.
El Gobernador de Bolívar es el presidente de la Junta Administradora Especial de la estampilla y éste es el organismo encargado por la ley colombiana (Ley 334 de 1996, artículo 8) de manejar los fondos que produzca la estampilla.
El Gobernador es el presidente del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, órgano colectivo responsable de la dirección de la Universidad de Cartagena.
La ley 334 de 1996 y la ordenanza 12 de 1997 señalan que “el control del recaudo, el traslado de los recursos a la Universidad y la inversión de los fondos provenientes de la estampilla estarán a cargo de las contraloría general de la República y la Contraloría Departamental”.
Un informe de auditoría gubernamental con enfoque integral y modalidad especial, realizado a los recursos provenientes de la estampilla, correspondiente a los años 2006 y 2007 arrojó que: “la Universidad de Cartagena no cumple con los principios de eficiencia, eficacia, economía y calidad en la gestión que le corresponde adelantar en los procesos de recaudo, traslado e inversión de los recursos de la Estampilla. Se establecieron 39 hallazgos administrativos, de los cuales diez resultaron con presuntos alcances fiscales, 31 con presuntos alcances disciplinarios y uno con incidencia penal”.
Con la llegada de los millonarios recursos provenientes de Ecopetrol en una cifra superior a los 82 mil millones de pesos, se hace urgente y necesario fortalecer los controles administrativos y financieros, profundizar los procesos de planeación y seleccionar con mayor cuidado los proyectos a desarrollar.
Los lamentables sucesos que se han presentado en el manejo de la Universidad, relacionados con fraudes que comprometen millonarios recursos destinados a la comunidad académica y las medidas cautelares contra funcionarios del más alto nivel jerárquico, obligan a directivos y administradores a diseñar, implementar y aplicar controles permanentes y adicionales en el manejo de dichos recursos.
La forma como se están cancelando gastos laborales y administrativos con recursos de destinación específica para inversión en infraestructura, investigación académica y seguridad social de los empleados, exigen una intervención más activa y determinante del Gobernador de Bolívar en la Junta Especial de la Estampilla.
La onerosa y cuestionable contratación de un abogado por más de 12 mil millones de pesos con recursos de inversión de la estampilla requiere de una mayor intervención del Estado, una revisión del contrato y el acompañamiento de los organismos de vigilancia y control: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía General.

Unidad de Prensa y Comunicaciones – Gobernación de Bolívar – 19/05/09

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