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“No puedo entregar algo que no es de la Gobernación…
y mucho menos destruirlo”: gobernador Joaco Berrío
Si lo hago voy a la cárcel.
La imposibilidad de distribuir los mercados y medicamentos que hacen parte de una dudosa compra realizada por la administración anterior y que nunca llegaron al departamento, no obedece a un capricho mío, sino a hechos reales investigados por los organismos de control y soportados en conceptos de las oficinas jurídicas de la Presidencia de la República, de la Gobernación de Bolívar y de asesores externos.

Esos mercados no fueron recibidos por la Gobernación, por ende no pertenecen a la Administración y por esa misma razón nunca pude distribuirlos. Qué más hubiera querido yo que llevarles alimentos, medicinas y elementos de aseo a tantas familias damnificadas por el invierno; pero no pude hacerlo, porque, insisto, esos mercados nunca han sido de la Gobernación. Es más, reposan en almacenes privados que nada tienen que ver con la administración departamental.

Pero el pueblo de Bolívar debe estar tranquilo porque ante la emergencia del año pasado no nos quedamos de brazos cruzados y gestionamos todas las ayudas que fueron necesarias para atender a los damnificados, sin que al departamento le costara un peso. Ningún damnificado quedó sin atención.

Nunca podría, con el argumento fuerte y doloroso de que hay más de 350.000 personas con hambre en Cartagena y Bolívar, sacar unos mercados de un almacén particular, llámese Éxito, Carulla, Olímpica o una bodega en el barrio El Bosque, como en este caso, para entregarlos a esa población necesitada. Eso sería actuar por encima de la Constitución y las leyes.
Se trata de hechos evidentes que no me dejaron ningún margen de acción y el tema es tan claro que tanto los abogados de la Secretaría Jurídica de la Presidencia como mis asesores me advirtieron que distribuir o pagar esos mercados era poner un pie en la cárcel.

Las inconsistencias jurídicas

Según se desprende de los rigurosos estudios realizados por la Secretaría Jurídica y asesores externos de la Gobernación y que siempre estuvieron animados por el deseo sincero de encontrar una salida legal, son tan protuberantes y escandalosas las irregularidades de ese pretendido acto administrativo, que el pago y distribución de dichos productos haría a la actual administración cómplice del mismo, con las graves consecuencias que ello conllevaría para mi, en mi condición de Gobernador.

En procura de una fácil comprensión por la opinión pública, tales impedimentos de Ley, se resumen así:

El código Penal, en su artículo 410, establece que los servidores públicos, como el Gobernador, que tramiten, celebren o LIQUIDEN contratos sin la observancia de los requisitos legales, como en el caso analizado, cometen el delito de “celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales”, que tiene pena de prisión de cuatro a doce años.

Es claro entonces que el hecho de encontrar los contratos mencionados incursos en presuntas irregularidades, me impedía su ejecución y liquidación, pues de haberlo hecho, terminaría preso, como me dijeron mis asesores.

Por ello, el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Doctor Edmundo Del Castillo Restrepo, en oficio 08-00123968/AUB13200 del 6 de octubre de 2008, recomendó a este servidor presentar las denuncias del caso ante los funcionarios competentes penales, disciplinarios y fiscales, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de los citados contratos.

Igualmente, nos recomendó que, en caso de no poder liquidar los contratos, como en efecto sucedió, solicitáramos su liquidación judicial, que es lo que hemos hecho.

Independientemente del significado humanitario y moral de exponer a los alimentos y medicamentos a un deterioro irreversible, la Gobernación de Bolívar ha luchado resueltamente por librar al Departamento de un posible fraude colosal que pretende arrebatarle alrededor de 4 mil millones de pesos que no tiene y que, en el evento improbable de tener que pagar, le propinaría un golpe gravísimo a nuestros programas en salud, educación, vías, saneamiento básico y desarrollo, ellos sí destinados a mejorar el estado de cientos de miles de bolivarenses históricamente ignorados y abandonados.

Se está asaltando la buena fe de eminentes periodistas de nuestra Nación e, irresponsablemente,
se ha manipulado la sensibilidad de la opinión pública, cuando con la máscara del bien común, se esconde la intención de perpetrar un daño descarado a las finanzas de Bolívar, de la mano de la más infame de las tretas, como es pretender que el Departamento compre productos por casi el doble de su valor real y que, como lo demuestran los hechos, han sido mañosamente “entregados”, entrando y embodegándose con base en registros que brincan de fecha en fecha sin ninguna coherencia, como se desprende de los siguientes hechos:

Los detalles

La Gobernación de Bolívar decretó la urgencia manifiesta el 13 de diciembre de 2007, y pese a que esa medida sólo autorizaba a contratar la compra de 3.500 paquetes de ayudas, por menos de 800 millones de pesos, suscribió siete contratos (380, 381, 382, 383, 384, 385, y 386), para la adquisición de 14.000 paquetes de medicamentos, víveres y elementos de aseo, por valor cercano a los $4.000 millones, lo que podría constituirse en la génesis de un presunto dolo.

Los contratos fueron suscritos con cooperativas y fundaciones sin experiencia, sin licencia para el manejo de medicamentos y con capital social cero, a pesar de que en Cartagena existen cientos de empresas idóneas para esos efectos.

La interventora de los contratos, Betty Mercado, funcionaria de la Secretaría de Salud, certificó el 27 de diciembre de 2007 que los contratos (celebrados ese mismo día) habían cumplido a cabalidad con su objeto. Este hecho es tan llamativo que la funcionaria pudo contar en pocas horas los 14 mil mercados, mientras que tres meses más tarde varios funcionarios de la Contraloría Departamental tuvieron que emplear dos semanas en el mismo conteo en una bodega privada.

Es más, el 31 de diciembre, cuatro días después de la firma de los contratos de marras, la misma funcionaria firmó un acta donde supuestamente certifica la entrada de los mercados y el 30 de diciembre aparece un acta de salida de las ayudas. Es decir, los mercados salieron antes de entrar. ¿Cómo se explica ésto?

Aún peor se torna el asunto cuando, al revisar el software del equipo de cómputo en el que se redactó la supuesta certificación de salida con fecha 30 de diciembre, se detectó que tal comunicación se elaboró el 27 de marzo de 2008, fecha que coincide con la visita de la entonces Procuradora Regional, Amada Ojeda, a las oficinas de la Secretaría de Salud.

Estas situaciones propiciaron la solicitud de investigación por parte de la actual administración en contra de la funcionaria de la Secretaría de Salud, razón por la cual se cursa proceso en la Fiscalía.

Son tantas las irregularidades, que el contrato 383 para el suministro de drogas se ejecutó en julio de 2007 pese a que legalmente se celebró en noviembre de ese mismo año. ¿Cómo se entiende que un contrato se haya ejecutado cuatro meses antes ser firmado?

Otro hecho es que, como por arte de magia, en junio de 2008, luego de que la interventoría manifestara que no conocía ninguna documentación que modificara esos contratos, aparecen cartas entre el ex gobernador Simancas y su Secretario de Salud, Walter Jiménez, en donde a fecha 24 de diciembre de 2007, se intenta justificar el no ingreso de las mercancías a la bodega de la Secretaría de Salud. Lo inexplicable es que los contratos sólo se firmarían tres días después. ¿Cómo es posible que aparezca un cruce de cartas sobre la ejecución de unos contratos que ni siquiera estaban firmados?

Como si fuera poco, se contrató por $250 millones el transporte y distribución de estos alimentos y medicamentos, cuando históricamente tales servicios son prestados gratuitamente por la Cruz Roja Colombiana y la Defensa Civil, entidades que cuentan con toda la experiencia del caso y manejan los censos de población damnificada.

Dadas estas inconsistencias, para la actual administración departamental es claro que a pesar de que en los contratos se estableció que el lugar de entrega de las mercancías sería las bodegas de la Secretaría de Salud, en este sitio jamás fueron entregados los mercados, pese a que estas tienen la capacidad suficiente para almacenarlos.

Un nuevo capítulo

Sobre este particular, se han conocido dos providencias del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, cuya titular, Elsy Rodríguez Usta, debió declararse impedida, porque fue Secretaria Jurídica del ex gobernador Simancas. Esta relación de subordinación jerárquica revela el citado impedimento.

En un primer auto, ante una solicitud de un ciudadano que mediante acción popular pedía que se ordenara a la Gobernación abstenerse de liquidar, pagar y ejecutar los contratos, buscando la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa; la Juez, en una eventual arbitrariedad y por su cuenta y riesgo, dispuso lo contrario, pues ordenó entregar y pagar los mercados.

En otro auto más reciente, la Juez, ex funcionaria del ex gobernador Simancas, pide que se incineren los mercados vencidos, con costas que debe asumir la actual administración.

Sobre este tema, debo ser tajante en que no podría esta administración invertir recursos del Estado en incinerar unos mercados que no son suyos.

Un dato adicional: la almacenista que certificó el dudoso recibo de los mercados tiene una relación de parentesco con el Gobernador anterior, como quiera que es su sobrina política, lo que probablemente pudiere comprometer aún más la veracidad y autenticidad de documentos claramente inconsistentes.

Independientemente de los escandalosos episodios aquí expuestos, prima mi indeclinable voluntad de cortar de tajo las prácticas inescrupulosas que en el pasado eran comunes y que constituían un frecuente saqueo a las expectativas de una población abandonada.

Fácil hubiera sido distribuir los mercados y pagar los 4.000 millones de pesos, evitando así las eventuales consecuencias para mi seguridad personal; pero luego, por supuesto, ir a la cárcel y claudicar en mis principios.

La Gobernación de Bolívar seguirá siendo fiel a su postulado fundamental:

Juntos, Salvemos todos a Bolívar… del permisivismo, la complicidad y la tolerancia ante la falta de escrúpulos a la hora de atentar contra las esperanzas y expectativas de nuestro Pueblo.


JOACO HERNANDO BERRÍO VILLARREAL
Gobernador de Bolívar

Unidad de Prensa y Comunicaciones – Gobernación de Bolívar – 17/03/09